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22/08/2017 09:05 am
Ni nacionalización de la banca, ni revaluación de activos (Por Alejandro Cáribas)

 

(deInmediato) El Diario “El Mundo Economía y Negocios” en su versión digital del 21 de agosto de 2017 publicó dos noticias sobre la banca: “PCV propone ante la ANC la nacionalización de la banca” y “Sudeban combate las mafias de dinero”.

En la primera noticia el Partido Comunista de Venezuela insiste en el planteamiento de vieja data de nacionalizar la banca, cuestión a todas luces inconveniente e impertinente a la luz de la situación política y económica del país.

Nacionalizar la banca no es similar a expropiar cualquier bien, lo que por si mismo, en general,  se ha traducido en ineficiencia, en caída de la producción de bienes y servicios, en pérdidas, etc., en síntesis en experiencia negativa.  En el caso de la banca la cuestión es sumamente delicada porque inmediatamente se dispara la desconfianza, seguida de la masiva fuga de capitales, de los ahorros en búsqueda de protección y refugio en moneda extranjera, que dispararía el dólar paralelo a precios inimaginables, oxigenando al máximo la inflación. 

Adicionalmente, la República no dispone de recursos monetarios para pagar una eventual nacionalización y la comunidad internacional difícilmente permitiría a sus instituciones bancarias servir como compensador de operaciones con bancos públicos, como ha ocurrido con las compensaciones de las divisas provenientes del Dicom que, conminó al Ejecutivo a incorporar al sistema de subasta de divisas a la banca privada, cuando original.

Durante 18 años han coexistido la banca publica y privada, alcanzando la primera en la actualidad una tercera parte del sistema bancario, sometidas ambas a los controles y regulaciones de las autoridades financieras, aunque con mayor rigor sobre la banca privada.  Con carteras de créditos controladas en su destino y en su tasa de interés en más de un 50%, con tasas de intereses activas y pasivas y comisiones fijadas por el Banco Central de Venezuela, sometidas al encaje legal determinado por el ente emisor y aún así, el promedio de rendimiento sobre el patrimonio (ROE) para julio de 2017, fue del 84,74%.

En síntesis, resulta cuesta arriba que el Gobierno y la ANC asuman un costo político y un riesgo económico de elevada magnitud,  sin consecuencias positivas de ninguna índole. Parecería de Perogrullo sostener la inviabilidad de este planteamiento.

La noticia de la anunciada lucha de la Superintendencia de Bancos y otros organismos en contra de los comercios que especulan con la entrega de dinero a cambio de cobros adicionales de comisiones, se tradujo en una Resolución de este ente,  prohibiendo a los establecimientos comerciales realizar avances de efectivo, sin distinguir aquellos que lo hacían sin ningún cobro adicional, sino como un servicio gratuito a sus clientes, caso Farmatodo, Excélsior Gama,

Aunque la medida no ataca el fondo del problema, resulta inobjetable la prohibición de adelanto de efectivo acordada con la intención de evitar  esta práctica en detrimento de los necesitados de efectivo, por lo general los sectores económicamente medios y bajos de la población, habida cuenta del importante sector de la economía informal generalmente no bancarizada y por tanto excluida del uso de medios electrónicos para hacer o recibir pagos. 

Resulta también muy positivo el anuncio del Superintendente de Bancos respecto de la entrada en vigencia para el próximo mes de septiembre del pago a través de mensajería de texto, lo que aunque amerita una mayor difusión, representa una modalidad de sustituir parcialmente la utilización del efectivo acudiendo a los canales electrónicos,  cuyo  manejo es sumamente sencillo.

Sorprende que dentro de este cuadro de acciones a tomar, se mencione una segunda revalorización de los activos de la banca, que en nada se relaciona con el tema de la escasez de efectivo y su ilegal manipulación por algunos establecimientos comerciales. Por el contrario, ello implicará mayor expansión crediticia y con ello un mayor uso del circulante en poder del público, el cual  al menos parcialmente será movilizado en efectivo.

La Resolución 025/17 emanada de Sudaban, publicada en Gaceta Oficial No. 41.123 de fecha 28 de marzo de 2017, permitió la revalorización de activos de las instituciones bancarias y con ello, prácticamente se duplicó la capacidad crediticia de la banca, superando con creces el índice de adecuación patrimonial simple, que para el mes de diciembre de 2016 se ubicaba en promedio en 11,42%; en marzo 2017 en 11,10% y luego de la revalorización de activos, para julio de 2017 alcanzó un 12,68%. siendo la exigencia de Sudaban 9%.

Reiteramos la preocupación por el cambio sustancial experimentado en las políticas de la Superintendencia de Bancos acerca del incremento del patrimonio, permitiendo su incremento mediante sucesivas revaluaciones de activos y no, mediante el aporte de efectivo de los accionistas de las instituciones bancarias o a través de la capitalización de resultados acumulados.

La preocupación no nace de una postura teórica, sino apoyados en la tendencia moderna en materia de regulación y supervisión bancaria, donde el patrimonio de la banca es fundamental para valorar la capacidad potencial de absorción de eventuales pérdidas, lo que llevó a Basilea III a crear el colchón de conservación de capital, destinado a cubrir requerimientos de capital, y el colchón anticíclico, ante expansiones crediticias excesivas, disminuyéndolo cuando cese dicha expansión, todos ellos con aportes en efectivo, no mediante revaluaciones de activos.

Mientras las autoridades financieras de las grandes potencias económicas exigen capital de calidad para permitir la expansión del crédito, en nuestro sistema bancario permitimos el crecimiento crediticio sin que los accionistas de los bancos realicen aporte en efectivo alguno, sino mediante revaluaciones de activos que, en tiempos de crisis pierden valor.

El asunto de la nueva revaluación de la banca, para incrementar el patrimonio e incrementar la capacidad crediticia,  la segunda en menos de seis meses, debería ser objeto de profundo análisis por parte de las autoridades financieras, con un verdadero criterio de riesgo integral. (deInmediato)

 
 
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