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09/03/2018 08:31 am
¿Colapsan los medios de pago?

(deInmediato) Por Alejandro Cáribas.  Aunque antes de diciembre de 2016 se percibía la insuficiencia de efectivo, el punto de inflexión de este problema se materializó el 11 de diciembre de 2016, cuando el Presidente de la República, Nicolás Maduro,  anunció la salida de circulación del billete de 100 bolívares y otorgó 3 días para efectuar el canje por billetes de otra denominación en la banca pública, transcurrido dicho plazo la población  disponía de 10 días adicionales para hacer lo propio ante el Banco Central de Venezuela.

Como era de esperarse, a pesar del anuncio de que el BCV abriría 150 taquillas las 24 horas durante 10 días, ello no fue suficiente para atender las operaciones de canje y se prorrogó la vigencia del billete de 100 bolívares, lo que ha ocurrido en 10 oportunidades, extendiéndose la última de las prórrogas hasta el 20 de marzo de 2018.

Progresivamente desde el mes de enero de 2017 entró en circulación el nuevo cono monetario, primero los billetes de 500, 5000 y 20.000 bolívares, el mes siguiente los de 1.000 y 2.000 bolívares, en marzo los de 10.000 y en noviembre pasado los de 100.000.

Pese a que los técnicos del BCV advirtieron  con suficiente antelación sobre la necesidad de ampliar el cono monetario y la necesidad de contratar su fabricación, la recomendación  sufrió los rigores de la  demora de evaluación  política, mientras que la inflación continúo destruyendo  el poder adquisitivo del bolívar, haciendo inviable la nueva familia monetaria.

Al no atacarse las verdaderas causas de la hiperinflación, la necesidad de disponer de una mayor cantidad de dinero físico para atender elementales necesidades diarias,  se hace cada vez mayor.  La población destina cada vez más horas del día para obtener una mínima cantidad de efectivo para pagar pasajes, estacionamientos, gasolina,  adquirir el desayuno y merienda escolar, etc.

La cada vez mayor escasez de dinero físico,  además de los males señalados, genera sus propias distorsiones agravando las penurias de la población.  La venta del dinero en efectivo hasta por un monto superior al 50% de su valor es práctica común. Sin el ánimo de generalizar, a título de ilustración transcribo las razones ofrecidas por una trabajadora del hogar que no pudo acudir a prestar su servicio “Disculpe, no puedo ir a trabajar hoy, porque la persona que vende el efectivo hoy no vendió porque se le echó a perder el punto de venta”.

Las transferencias electrónicas se encuentran afectadas por los problemas de las plataformas tecnológicas de los bancos, que lucen abrumadas por la recurrencia de los clientes a este medio de pago y por las deficiencias de los servicios de internet, cada vez con mayor lentitud y menor capacidad de atender los requerimientos de sus usuarios.

Acudir a medios de pago como los cajeros automáticos (ATM) es casi imposible porque cada vez existen menos con capacidad operativa, por falta de repuestos o por inexistencia de efectivo.  Para 2017 existían nominalmente unos 10.000 ATM, esto es, 50 ATM por cada 100.000 habitantes adultos,  que de estar realmente operativos todos los ATN, nos colocaría en la región por debajo de Chile (55)  Ecuador (55), Argentina (61) y  Uruguay (82); como objetivamente no lo están, carecen de valor nuestros  estándares estadísticos.

Por razones de imposibilidad de pagar la emisión de un nuevo cono monetario,  así como del tiempo que su puesta en práctica requiere, no es factible acudir a esta vía para habilitar el uso de los ATM.

Los puntos de ventas como medios de pago  se han convertido en un refugio obligatorio por la escasez de efectivo y la dificultad de uso de los ATM, su demanda de uso se ha potenciado y a su alrededor se ha conformado un mercado negro

Por un lado, el ilegal recargo de porcentajes por la utilización de tales equipos por cada transacción que debe hacer el comerciante que no dispone del mismo, el cual se carga al consumidor y por el otro,  porque al no cumplir la banca con el suministro suficiente de los mismos en forma gratuita, como lo establece la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, artículo 16,  empresas ajenas al mundo bancario suministran los puntos de ventas en arrendamiento a los comerciantes, a quienes les fijan cánones elevados y les exigen depósitos como garantía por los equipos en cantidades significativas, cuyos costos se trasladan al usuario indirectamente a través de los comerciantes que carecen de los mismos.

Para el año 2017 aproximadamente existían 450.000 puntos de ventas, los cuales fueron suministrados por los bancos, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Tarjetas de Créditos, Débitos, Prepagadas y demás tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico; no obstante, al parecer,  esa obligación de dotar estos equipos en forma gratuita se ha suspendido y ha servido de puerta de entrada para empresas extrañas al sector bancario que cobran por tales servicios.

La Asociación Bancaria y la Superintendencia de Bancos en un intento por encontrar alternativas al problema comentado acordaron la implementación del pago a través de mensajes de texto por los teléfonos móviles, sistema p2p, en el mes de octubre de 2017, utilizando para ello en una primera etapa los denominados teléfonos inteligentes, con el compromiso de extenderlo en el mes de diciembre de 2017 a los teléfonos móviles convencionales, lo que hasta la fecha no ha ocurrido y ha conspirado contra la eficiencia de este medio alternativo de pago.

Mientras la hiperinflación como  causa fundamental  de la escasez de efectivo permanezca latente, los esfuerzos deben dirigirse a fortalecer los puntos de ventas y la telefonía móvil convencional como medios de pago, regulando a las empresas suministradoras de puntos de ventas y arbitrando un convenio cambiario único  para que la banca tenga acceso a divisas para exclusivamente la adquisición de puntos de ventas.

No atender consideraciones como las expresadas u otras en esa misma dirección,  irremediablemente conducirán al colapso de los medios de pago, con las consecuencias sociales ya vividas en el pasado reciente.   (deInmediato 


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