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08/05/2018 09:07 am
¿Intervención o persecución?

(deInmediato) Por Alejandro Cáribas. En el pasado mes de abril, el vicepresidente ejecutivo de la República anunció la apertura de una investigación  administrativa a Banesco, por supuestas irregularidades relacionadas con el tema cambiario, legitimación de capitales y atentados contra la estabilidad económica mediante acciones de manejo de efectivo supuestamente dirigidas a desestabilizar el sistema cambiario en la región fronteriza colombiana.

Posteriormente, el ministro de Relaciones Interiores declaró el inicio de una operación denominada “Manos de Papel”, que había permitido cerrar más de 1.000 cuentas sospechosas de movimientos irregulares, de las cuales la mayoría pertenecerían a clientes de Banesco, aunque abarcaban 20 instituciones bancarias adicionales; inclusive fueron publicadas en la prensa fotografías de los supuestos titulares de esas cuentas detenidos y de los que se encontraban solicitados, todo ello sin que mediara ninguna actuación judicial.

Luego se anunció la “retención” de 8 directivos de Banesco, quienes habían sido convocados a una reunión en SUDEBAN y de allí fueron trasladados a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) a rendir declaraciones.

El Ministerio Público solicitó 11 órdenes de aprehensión contra  directivos y funcionarios de Banesco, a quienes acusó de realizar ataques contra la moneda venezolana mediante contrabando de billetes del cono monetario nacional; posteriormente  un tribunal de control les dictó medida privativa de libertad.

Paralelamente al procedimiento judicial,  mediante un comunicado suscrito por el vicepresidente sectorial para el área económica, se acordó la intervención de Banesco por un plazo de 90 días y se designó una junta administradora.

Dentro de un Estado de Derecho cada poder y cada organismo e institución tiene atribuido por ley lo que le está permitido hacer, esto es, su competencia.  En el caso que nos ocupa la competencia para decidir la intervención de una institución bancaria es de SUDEBAN, según el  artículo  242 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario (LISB), de manera que  al decidir la intervención un ente distinto a SUDEBAN, incurre en el vicio de extralimitación de atribuciones, lo que hace que ese acto administrativo sea susceptible de nulidad absoluta.

Previa a la decisión de la medida de intervención de una entidad bancaria, la ley antes citada en su artículo 243 establece la celebración de una audiencia con los representantes de la entidad investigada, luego de la cual SUDEBAN decidirá adoptar o no la medida de intervención  y la posterior designación de la junta administradora

Adicionalmente al tema de la incompetencia del organismo que adoptó la decisión de intervenir Banesco prescindiendo del procedimiento legalmente previsto en la LISB, dicha medida no se corresponde con ninguna de las causales de intervención bancaria, contempladas en el art. 247 de la citada Ley, las cuales  son de carácter eminentemente financiero, lo que agregaría  un eventual vicio de falta de tipicidad de la medida.

De otra manera, aún cuando no se conoce con precisión legal la supuesta infracción en que habría incurrido Banesco, las declaraciones de los funcionarios gubernamentales hacen presumir que se trata del ilícito administrativo previsto en el numeral 6) del artículo 202 de la LISB: Irregularidades en operaciones bancarias por facilitar la salida o legitimación de capitales en cualquiera de sus modalidades, sancionado con una multa entre el 0,2% y el 2% del capital social de la institución infractora.

Además de los vicios del acto administrativo anteriormente indicado, los funcionarios que han proferidos declaraciones públicas pudieron haber incurrido en el delito de difusión de información privilegiada, tipificado y sancionado en el art. 223 de la LISB.

En razón de que el sustrato presente en toda intervención se encuentra en eventuales quebrantos financieros de la institución, es por lo que se designa una junta administradora por un plazo de 90 días, prorrogables por igual plazo, debiendo dicha junta dentro de los 60 días siguientes a su instalación, informar a SUDEBAN acerca de la liquidación  o rehabilitación de la entidad.

Resulta probado, con cifras emanadas de SUDEBAN al tercer trimestre de 2018,  que Banesco no presentaba problemas de orden financiero al tiempo de su intervención, como lo demuestran sus indicadores, que comparados con los del mayor  banco del Estado al 31 de marzo de 2018, evidencian un mejor perfil.

                 Int.Credit. ROE ROA LIQUIDEZ SOLV.CORTO P

Banesco   41,40% 265,74%   6,24% 61,70%   61,52%

Bco. Estado   22,05%   6,31% 1,53% 53,33%   54,68%

Banesco posee una cartera de crédito un 60% mayor que la del mayor banco del Estado;  un resultado neto para el primer trimestre 2018 superior en un 65%, entre otros valores.

Es de resaltarse por lo ignominioso que ello resulta, que los directivos bancarios asistieron a SUDEBAN convocados para una reunión de trabajo, en la cual inclusive pudieron ser impuestos de la medida de intervención, como lo prevé el ya citado artículo 243 de la LISB y es precisamente en esa supuesta reunión donde integrantes de la DGCIM lo conminan a presentarse en la sede de este organismo a rendir declaración y donde permanecieron “retenidos”.

Vista  la medida privativa de libertad en contra de los 11 directivos de Banesco no pareciera constituir un acto subversivo y de respaldo a la presunta guerra económica, solicitar una medida cautelar sustitutiva de la  de privación de libertad mientras dure el juicio, con la debida presentación periódica ante el tribunal de control respectivo, cuestión que se inscribe dentro del derecho a ser juzgado en libertad, desiderátum invocado al tiempo de la promulgación  del Código Orgánico Procesal Penal. (deInmediato)


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