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30/07/2019 06:58 am
El riesgo de los créditos conminatorios se hace presente en la banca

(deInmediato) Por Alejandro Cáribas. El 6 de noviembre de 2017, Gaceta Oficial No 41.272 se publicó la ley que creó el Conglomerado “AGROSUR”, aprobada  por la Asamblea Nacional Constituyente, a solicitud del Presidente de la República, cuya finalidad es la orientación, planificación, ejecución para la producción, industrialización, comercialización y financiamiento de bienes y servicios agrícolas.  La ley le otorga al ministro del Poder Popular para la  Agricultura Productiva y Tierra la potestad para determinar las empresas del sector público que integrarán dicho Conglomerado, debiendo otorgarle prioridad  a la incorporación de organizaciones productivas de base del Poder Popular y podrá incorporar empresas privadas del sector agrario, cuando ello pueda traer beneficios a los fines del Conglomerado.

En fecha 30 de  noviembre de 2017, Gaceta Oficial No 41.290, aparece publicada el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la sociedad mercantil de carácter público “CONGLOMERADO AGROSUR, S.A.”,  con un capital social de Bs. 983.448.970.000,00, cuyo único accionista es la República Bolivariana de Venezuela, el cual fue pagado en su totalidad por órgano del citado ministerio, según inventario, esto es, el aporte no se efectuó en dinero, sino en inventario de bienes.

Llama la atención que en el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, no aparecen los nombres del presidente y  los administradores o directores de la sociedad,  como lo exige el artículo 247 del Código de Comercio, sino que fueron designados ocho meses después, según Gaceta Oficial No 41.449 de 30 de julio de 2018, recayendo la presidencia en el ministro del Poder Popular para la  Agricultura Productiva y Tierras.  Tampoco pasa inadvertido que los requisitos para ser presidente y director del Conglomerado  son 1.- nacionalidad venezolana y 2.- reconocida solvencia moral, quedando fuera algún conocimiento profesional  o experiencia reconocida en el área de desempeño de la sociedad.

Hasta aquí, pareciera tratarse de una empresa del estado con formalidad de sociedad mercantil cuyas actividades se desarrollan en el sector agropecuario; sin embargo, el asunto se torna de interés para los depositantes de los bancos y por tanto para el ahorro nacional, por cuanto como se sabe, el Banco Central de Venezuela a través del instrumento de política monetaria conocido como encaje legal, tiene retenido la totalidad de los depósitos del público desde el mes de febrero de 2019 y el 60% de los mismos previo al citado mes, de manera que la inmensa mayoría de los ahorros de los depositantes se encuentran retenidos en el Banco Central de Venezuela.  Para el mes de mayo de 2019, los depósitos de los bancos en el ente emisor ascendía a la cantidad de Bs. 5.293.606.902.361.

Ahora bien, en Gaceta Oficial No 41.670 de 9 de julio de 2019, aparece Decreto del Presidente de la República autorizando a “Conglomerado Agrosur, S.A.” para suscribir un crédito con el sector bancario por la cantidad de Bs. 328.689.229.372, cuyo interlocutor a los “solos efectos de la distribución entre los distintos bancos”, es la Asociación Bancaria “Nacional”.

Tales créditos se considerarán computables dentro de la cartera agrícola obligatoria, los cuales superan la cartera de créditos de este sector acumulada hasta el mes de mayo de 2019 y representan más del 10% de la cartera de crédito bruta de la banca para el primer semestre 2019.

Adicionalmente el Decreto invade la esfera reservada a Sudeban, por lo que respecta al riesgo de dicho crédito, al disponer  que “quedan dispensadas  de las valoraciones de riesgo y suficiencia de garantías que establece la normativa que regula las operaciones bancarias”.

El otorgamiento de esos créditos de manera discrecional, con el criterio  de darle prioridad a organizaciones productivas de base del Poder Popular, sin que se conozca a ciencia cierta su idoneidad en el sector agrícola, sin ningún tipo de garantía que respalde el préstamo, avizora la irrecuperabilidad total  o significativa de los mismos, lo que  pareciera traducirse en un nuevo ejercicio de populismo, esta vez con el dinero de los depositantes.

Hay que insistir hasta la saciedad que el 90% de los activos de la banca los aportan los depositantes y que ellos corren el mayor riesgo ante este tipo de imposición crediticia, con el agravante de que uno de los sectores de mayor riesgo es precisamente el sector agrícola por la cantidad de variables que participan en la producción: clima, agua, semillas, sistemas de riego, plagas, volatilidad de precios,  transporte, etc.

Este tipo de ejecutoria conspira contra la necesidad de fortalecer el sector bancario como motor de la producción y del crecimiento económico, a la vez que arroja mayores elementos de desconfianza en los inversionistas en tiempos en que estos se hacen indispensable para impulsar la producción de bienes y servicios en una sociedad agobiada por la brutal caída del Producto Interno Bruto.

En la medida en que el tiempo transcurre, el dinero producto del encaje legal sufre los embates de la hiperinflación, lo que aconseja su utilización en actividades productivas que el Gobierno  pudiera indicar, dejando en manos de la banca los criterios técnicos para el otorgamiento de los créditos, con la supervisión de los mismos a cargo de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario.

Cualquier medida de política fiscal, monetaria o cambiaria que se adopte para combatir la hiperinflación, para ser efectiva, debe contar con un aumento sustancial de la oferta de bienes y servicios producidos en el país. (deInmediato)

 

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