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10/03/2020 11:23 am
La banca, entre la espada y la pared. Hoy ¿Quién quiere un banco?

(deInmediato) Hoy difícilmente, en Venezuela, alguien quiera un banco. Las razones para hacer tal afirmación se sustentan en el uso extremadamente restrictivo de la política monetaria por parte del BCV y ahora también por la política fiscal adelantada  por el Ejecutivo Nacional.

El BCV, mediante el uso del encaje legal ordinario y marginal, como instrumento de política monetaria, ha esterilizado la liquidez bancaria, al fijar desde el mes de agosto de 2018 un 57% de encaje legal ordinario y un 100% para el marginal.

Estos porcentajes de encaje legal se traducen, según cifras del propio BCV para el mes de febrero de 2020, en una restricción de las captaciones de 52.2 billones de bolívares, de los cuales la banca solo ha podido mantener en la cuenta corriente del BCV 38,5 billones de bolívares, con un déficit de 13,7 billones, superior al déficit de enero de 2020 en 2,9 billones de bolívares, con una tendencia al incremento del mencionado déficit.

El Ejecutivo Nacional, dentro de  esa orientación restrictiva, ha inscrito su política fiscal, cuestión que contribuye a disminuir  la necesaria liquidez de la banca para cumplir con su objetivo de intermediación crediticia.

Para cumplir con la obligación del encaje legal y evitar las sanciones pecuniarias impuestas por el BCV para el déficit de dicho encaje, que se calcula en dos tramos, un primer tramo, denominado Déficit Global Inicial,  que se fija a cada institución según la estimación  semanal, cuyo incumplimiento es sancionado con una tasa del 126% anual, y un segundo tramo,  que se calcula sobre el excedente del déficit del primer tramo y cuya sanción se determina indexando la tasa a la variación del  tipo de cambio, que se traduce en tasas del 3.000% al 5.000% anual.

Esas sanciones, cuasi confiscatorias, conminan a la banca a acudir al mercado interbancario en busca de préstamos overnight, donde abundan los demandantes y escasean los oferentes, conformados estos generalmente por bancos del sector público.  Para enero 2020 se transaron en este mercado aproximadamente 5,3 billones de bolívares.

El esfuerzo de las instituciones para mantener un equilibrio entre las captaciones y  el otorgamiento de créditos, para evitar ser deficitario en el encaje legal, con las consecuencias anteriormente indicadas, les impone una restricción adicional en  materia crediticia y por lo tanto en sus ingresos derivados de la intermediación crediticia, que en febrero de 2020 se ubicó aproximadamente en un 12%, cuando hasta el año 2018 la intermediación crediticia bordeaba el 50%.

Adicional a las dificultades antes descritas, se agrega el reciente Decreto que crea la cartera única de producción nacional que, se estima entre un 10% y un 25%, la cual al tiempo de este trabajo no se han publicado las directrices que regirán para la misma, a riesgo de que el Ejecutivo Nacional, como ocurrió con el Fondo Nacional de Reconstrucción Simón Bolívar (Misión Vivienda) y con los prestamos agropecuarios (Agrosur), decida asignarlos sin que la banca participe en el correspondiente estudio de riesgo.  De manera que la banca actualmente solo puede otorgar préstamos comerciales indexados a la variación del tipo de cambio y microcréditos, cuestión que merma significativamente sus ingresos por intermediación crediticia, dependiendo casi exclusivamente de los ingresos operativos, originados fundamentalmente por las comisiones de transferencia y utilización de medios de pagos.

Los efectos de las políticas monetarias y fiscales restrictivas no solo se reflejan en la escasa contribución de la banca a la actividad productiva, donde el país acumula en los últimos seis años una caída del PIB del 66%, sino en lo inmediato al presentar problemas severos de liquidez que, de no existir rectificaciones de estas políticas, amenazan con paralizar la operatividad bancaria, por ello la pregunta de nuestro título ¿Quién Quiere Un Banco? . (deInmediato)

 

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